En un pronunciamiento que ha sacudido el panorama diplomático, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció el martes que no renovarán las licencias que actualmente alivian las sanciones impuestas al sector energético de Venezuela.
Estas licencias, emitidas tras la firma del acuerdo de Barbados, expirarán en abril, marcando un giro significativo en las relaciones entre ambos países.
El gobierno estadounidense argumenta que las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre.
Se destacan el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de la participación de ciertos candidatos en las elecciones presidenciales de este año como ejemplos de dicha inconsistencia.
Licencia General 44
Tras la firma del acuerdo de Barbados entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición, Estados Unidos emitió la licencia general 44, aliviando temporalmente las sanciones sobre el sector del petróleo y gas venezolano.
La advertencia inicial de que estas medidas serían revocadas en ausencia de avances en los compromisos establecidos se materializa ahora con la decisión de no renovar la licencia después del 18 de abril.
Además de la no renovación de la licencia general 44, Estados Unidos reiteró la revocación de una licencia general que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven, la empresa estatal venezolana dedicada al oro.
Se anunció que las personas estadounidenses tendrán catorce días para cancelar cualquier transacción previamente autorizada por dicha licencia.
Hoja de Ruta Electoral de Barbados
Estados Unidos reiteró que el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis en Venezuela y lograr “elecciones competitivas inclusivas”.
Sin embargo, hacen hincapié en que esto requiere que Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho de elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024.
