La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), presidida por juez Marc Perrin de Brichambaut, ha emitido una sentencia en el recurso de apelación presentado por el gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras la remisión presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
No obstante, en abril de 2022, la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el gobierno de Maduro, que argumentaba que ya se estaban llevando a cabo acciones nacionales en el país.
La Fiscalía de la CPI solicitó en noviembre de 2022 reanudar la investigación, argumentando que las acciones nacionales no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos.
El 14 de agosto de 2023, el gobierno venezolano presentó su escrito de apelación ante la Sala de Apelaciones, y el 7 y 8 de noviembre de 2023, se celebró una audiencia pública para escuchar a las partes. Durante la audiencia, la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas desmantelaron los argumentos del régimen.
En otro orden, el Instituto Casla denunció la situación crítica que atraviesan los presos políticos en Venezuela, la desaparición forzada de varios detenidos en los últimos tres meses y acusó al Estado de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Con información de medios nacionales
