Este jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, solicitó al Ministerio Público (MP) el inicio de una investigación contra Juan Carlos Delpino, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien fue destituido durante una sesión parlamentaria.
La petición se basa en su supuesta participación en planes desestabilizadores relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez argumentó que es necesario determinar la responsabilidad política de Delpino y su intento de obstaculizar el proceso electoral aprovechando su posición en el CNE.
También instó a que el MP aplique todas las leyes para frenar la corrupción, investigando el origen de los fondos que habrían permitido a Delpino llevar un estilo de vida ostentoso, incluido viajar a varios lugares.
La investigación solicitada al MP incluiría los cargos de traición a la patria, asociación para delinquir y complicidad con potencias extranjeras.
Rodríguez pidió a la Contraloría General que se apliquen sanciones administrativas contra Delpino.
En plena sesión, Rodríguez afirmó que había un plan para que Delpino se presentara en el canal Venevisión el 28 de julio para deslegitimar el proceso electoral y denunciar un supuesto fraude, pero que finalmente se retractó, alegando que no podía hablar porque «no estaba ahí».
Aseguró que había pruebas de financiamiento por parte de Rafael Ramírez para llevar a cabo estas operaciones, y que Delpino se había mostrado indeciso.
Rodríguez incluso mencionó tener grabaciones en las que Alberto Federico Ravell cuestiona a Delpino sobre su inacción en el plan preestablecido. Además, aseguró que Delpino tiene una prohibición de ingreso a Estados Unidos debido a su deportación por estar en estado ilegal en ese país, lo que le llevó a trasladarse a Panamá y luego a España.
El diputado José Villarroel García respaldó la posición de Rodríguez, aseverando que Delpino se negó a colaborar con la directiva del CNE, se ausentó de sus funciones y, al momento de mayor necesidad para el país, atacó a la institución a través de declaraciones a medios internacionales.
Villarroel demandó la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en este caso y mencionó que Delpino forma parte de una conspiración para afectar los resultados electorales, responsabilizándolo incluso por la violencia que resultó en la muerte de 27 personas.
Finalmente, Rodríguez reiteró que las acciones de Delpino justifican la transición a “un siguiente plan”, del cual también habló el ministro Cabello respecto a la detención de mercenarios; igualmente hizo hincapié la prohibición de Delpino de ingresar a Estados Unidos de por vida debido a procesos ilegales en ese país.
Con información de medios nacionales
