Este viernes 15 de diciembre finaliza el plazo para que los políticos con inhabilitaciones soliciten al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la revisión de su estatus para competir por cargos públicos.
Esta medida fue acordada por las partes en el proceso de negociaciones entre ambos sectores, facilitado por el Reino de Noruega. Cada persona inhabilitada puede presentar un recurso contra la medida ante el TSJ, que se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado.
La Sala Político Administrativa del TSJ se encargará de la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, siguiendo los principios de celeridad, eficiencia y eficacia establecidos en la Constitución.
Los que acudan ante el máximo órgano de justicia del país deben respetar la decisión y asumir compromisos como: el respeto a la Constitución y las leyes, defender la patria y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía y la paz.
El dirigente opositor Leocenis García y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fueron los primeros en acudir al TSJ para solicitar la anulación de su inhabilitación política y instaron a otras personalidades a hacer lo mismo.
Con información de medios nacionales
