El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de «conflicto armado interno» en el país, reconociendo la existencia de dos bandas o grupos armados que operan en el territorio. Esta medida otorga amplios poderes a las Fuerzas Armadas, la Policía y el gobierno, generando preocupaciones sobre posibles abusos y arbitrariedades bajo la figura del «terrorismo».
Desafíos y Preguntas Sin Respuestas
La declaración menciona la existencia de 22 grupos de crimen organizado con unas veinte mil personas, asociados a carteles internacionales. Sin embargo, surgen preguntas sobre si la medida podría conducir a la criminalización de delincuentes comunes y si se correrá el riesgo de persecución selectiva.
La infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas y la Policía plantea dudas sobre su capacidad para actuar de manera confiable en defensa del Estado. Además, la falta de inclusión de ciertos grupos en la lista, como la mafia albanesa, genera especulaciones sobre posibles agendas selectivas.
Giro en la Política y Repercusiones en Ecuador
El giro hacia medidas de seguridad y la priorización de acciones contra el crimen organizado evidencian una fase de capitalismo que atraviesa el globo, con la violencia y la destrucción consideradas como condiciones para implementar agendas económicas neoliberales.
La persecución política y judicial, junto con ataques a la Revolución Ciudadana, han sido características de la política ecuatoriana en años recientes. Sin embargo, la actual declaración de conflicto armado interno desplaza otros debates y facilita la aprobación de medidas impopulares, como la Ley de Competitividad Energética y el proyecto de Ley Orgánica para enfrentar la crisis, que incluye un aumento del IVA.
Cooperación con Estados Unidos
En paralelo, se anuncia la presencia de ayuda militar y de seguridad de Estados Unidos, con la visita de Laura Richardson, Jefa del Comando Sur, y una delegación de alto nivel. La cooperación incluirá áreas como inteligencia, combate de actividades cibernéticas maliciosas y reformas penitenciarias, destacando la lucha contra «organizaciones que se dediquen a actividades delictivas y socaven el Estado de Derecho».
La situación en Ecuador genera preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, marcando un cambio significativo en la política del país y sus relaciones exteriores.
